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Jueves 26 de Noviembre de 2020   











Tarifazos brutales, energía inaccesible y ausencia de mirada integral
26/2/2019 Nacional
En tal sentido, a partir de un paradigma de “seguridad energética”, vinculado fundamentalmente a una cosmovisión que establecía que era fundamental reordenar el sistema desde la consolidación de un esquema de disponibilidad de energía, comenzó a implementarse un programa de aumentos de tarifas y quita subsecuente de subsidios a los consumos de energía eléctrica y gas natural, enmarcado en una declaración de “emergencia” a fines de 2015, que sirvió como puntapié inicial para restituir un “equilibrio perdido” en el sistema energético que, desde esta óptica, había acumulado desajustes e irracionalidades que hacían inviable la producción de energía en un modelo de mercado abierto. Por cierto, se afirmaba que un esquema de precios que no remuneraba adecuadamente a los productores de energía en la Argentina y que acumulaba ineficiencias con multimillonarios subsidios, debía ser inmediatamente corregido.

La exposición del esquema implicaba, fundamentalmente, poner en cuestión la política energética heredada del kirchnerismo que, en este punto, se transformó en un caballito de batalla permanente, utilizado para imponer una nueva narrativa que nos penalizaba como comunidad por un supuesto uso derrochón de la energía, como consecuencia de la falta de “incentivos” de precios que convertían en ineficiente al sistema y que, en última instancia, nos habían dejado “sin energía”.
Claro, luego de tres años de prédica y “políticas eficientes de mercado” en el ámbito energético, la desmesura de una visión ofertista de cortísimo plazo, nos lega un aberrante y doloroso panorama, con aumentos incesantes en los servicios públicos de gas natural, energía eléctrica y agua, que han puesto en claro peligro la accesibilidad a bienes comunes fundamentales para una vida digna.

En concreto, entre 2016 y 2018, hemos sufrido tarifazos brutales que han generado una auténtica situación de “anarquía tarifaria” en todo el país, con valores que han oscilado entre 600% y más de 1.500% en el caso del gas natural, y de ajustes superiores al 700% hasta niveles inimaginables que superan el 2.500% en energía eléctrica, por citar ciertos parámetros que permitan reconstruir la brutalidad e irracionalidad de la política aplicada. Asimismo, en la región metropolitana del AMBA, donde se han sufrido los peores ajustes en los tres años de continuo tarifazo, se han producido alucinantes aumentos en el valor medio del kilovatio/hora y del metro cúbico consumido, con ajustes en los cargos variables que han superado el 1.000% y que, en muchos casos, como en el servicio eléctrico, llegó a valores superiores al 5.800%. Un caso concreto, es el de un consumo de 350 kwh mensuales en el AMBA, que, con los últimos aumentos de energía eléctrica de febrero de 2019, pasa a pagar un valor de 2,71 pesos por kwh, cuando a fines de 2015, ese valor estaba en 0,425 centavos, lo que implica que el consumo subió 64 veces en 38 meses. Situaciones similares se han dado con los aumentos de los cargos fijos, con cifras que también han llegado a montos del 6.000%. Estos casos extremos, sirven para dar cuenta de la irracionalidad manifiesta de todo lo actuado. Ciertamente, cualquier tipo de comparación con los indicadores básicos de evolución de salarios e inflación, nos permite ver lo descabellado de esta política. De hecho, la remuneración promedio de los trabajadores registrados (según el índice Ripte), creció hasta diciembre de 2018 118%, mientras que la Asignación Universal por Hijo, lo hizo en 117% y las jubilaciones, en 116% promedio. Por su parte, el índice inflacionario acumuló más de 158% en tres años. Asimismo, mientras a fines de 2015, un hogar destinaba alrededor del 6% de sus ingresos para los servicios públicos esenciales, hacia fines de 2018, esa esa cifra más que se cuadruplicó, al pasar al 26% de los ingresos. Ante cualquiera de estos números, la irracionalidad de la política tarifaria queda a la vista.

Ahora, luego de aquella primera audiencia de septiembre de 2016, que se realizó como consecuencia del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que había frenado los primeros tarifazos de gas natural, empezamos a recorrer un camino que, en líneas generales, terminó de consolidar este escenario de injusticia y redistribución regresiva a un conjunto selecto de empresas energéticas. Y decimos esto, porque la principal medida del fallo de la Corte, vinculada con la necesidad de llegar a un sendero de tarifas “justas y razonables” , que respetaran los criterios de gradualidad, razonabilidad y progresividad por tratarse de servicios públicos esenciales y que comportan derechos humanos fundamentales, naufragó en el mar de los incesantes aumentos tarifarios, con un aspecto adicional que torna aún más perverso el efecto de violencia simbólica y real que implicó el desconocimiento de aquel fallo del tribunal supremo, y que se resume en la manipulación y presión que el mismo gobierno ha encarado en las distintas instancias de la justicia federal a los efectos de evitar nuevos pronunciamientos contrarios a la política de ajuste tarifario, orientando, en tal sentido, la mayoría de amparos y causas abiertas al fuero Contencioso Administrativo, donde cuentan con un “escenario” más favorable a sus intereses.

Pero la contracara de semejante política regresiva, es la dolarización de los precios mayoristas que están detrás de semejante transferencia de ingresos desde la población a un selecto grupo de empresas. En lo concreto, el precio del gas en boca de pozo, que es determinante en la estructura de oferta y consumo energético en la Argentina, ya que el gas natural explica el 52% de la oferta primaria de energía y, a su vez, es el insumo fundamental para la producción de energía eléctrica de origen térmico- que explica el 65% del total de electricidad generada en el sistema-, se ajustó más de 200% entre octubre de 2016 y fines de 2018. Otro tanto ocurrió con el precio mayorista de la energía eléctrica, que se ajustó en más de 380% en pesos desde comienzos de 2016, con el objetivo que los usuarios paguen, hacia fines de 2019, el 75% del precio mayorista, que actualmente oscila entre los 70 y los 72 dólares, si hacemos la conversión a la moneda estadounidense.
Ello fue de la mano del establecimiento de un sendero alcista en los precios mayoristas del gas natural, que supuso el aumento artificial y en dólares del precio del bien, con el objetivo declarado por el entonces Ministro de Energía Juan José Aranguren, de llegar a fines de 2019 a un precio de 6,80 dólares por millón de btu, en línea con los precios de paridad de importación entonces vigentes. Como ya es de público conocimiento, la crisis cambiaria que comenzó en abril de 2018 y que produjo una brutal devaluación mayor al 100% en seis meses, hizo estallar por el aire el esquema dolarizador. En ese contexto, hacia octubre de 2018, cuando el gobierno nacional- ya con el ex Secretario de Energía Javier Iguacel-, intentó “compensar” el desfasaje en dólares en el precio del gas que las compañías distribuidoras debían pagarle a las empresas productoras-ya que los contratos estaban pactados a un dólar de abril de 2018 que estaba en $19 y luego de la crisis cambiaria estaba en casi $40 -, cargándole esa compensación al conjunto de los usuarios, se produjo el último grave episodio de la crisis con la contramarcha del gobierno y la decisión de financiar desde el Estado la cuenta superior a los $20.000 millones, como si no se tratara de una nueva ficción, ya que el mismo Estado sometido al programa de ajuste del FMI, nos lo hará pagar a todos nosotros de una u otra manera con ajustes en otras partidas.
Esta sucesión de desatinos tiene aún otro capítulo que es fundamental para comprender el esquema de transferencias de recursos a este selecto grupo de empresas eléctricas y gasíferas, donde brillan como grandes ganadores los empresarios Mindlin, de Pampa Energía, Nicolás Caputo, con inversiones en gasíferas y eléctricas y grandes empresas hidrocarburíferas como YPF, Pan American, Tecpetrol, Compañía General de Combustibles, entre las principales.

En efecto, lo que está detrás del insostenible esquema de precios alcistas en dólares, es la decisión política de establecer subsidios directos a la producción de gas no convencional de Vaca Muerta.
Veamos. Durante 2018, los subsidios directos que recibieron las empresas gasíferas en el marco del nuevo programa de incentivos a la producción de gas natural instrumentado a través de la resolución 46 de marzo de 2017, sumaron u$s 500 millones de dólares que se correspondían con las partidas originalmente pautadas para el año pasado. Estos subsidios surgen del programa Formulación y Ejecución de Política de Hidrocarburos, que contaba con un presupuesto vigente en 2018 de $22.061,23 millones, con un nivel de ejecución del 73% del total hacia fines de 2018, lo que representa $16.110,33 millones. Es importante tener en cuenta que no hay información disponible sobre los montos desagregados que las empresas han recibido en estos conceptos, aunque las grandes beneficiadas de estos subsidios son YPF, Tecpetrol, Total, Pan American Energy, Wintershall, entre las principales.
Por su parte, para 2019, el presupuesto prevé recursos por 28.700 millones de pesos destinados a los subsidios gasíferos, que, a un tipo de cambio de $40 por dólar, implican u$s 700 millones adicionales, que surgen de la partida formulación de política para el mercado de hidrocarburos, que cuenta con un total de $47.894,20 millones de pesos. Por ende, el 67% de esas partidas se destinan a la cobertura de estos subsidios, que le garantizan a las operadoras un valor de u$s 7,5 a u$s 7 por millón de btu de gas, mientras que el propio Secretario de Gobierno de Energía, Javier Iguacel, sostiene que los proyectos productivos de gas natural no convencional, son rentables con precios de entre u$s 3,70 y u$s 4 por millón de btu . Es decir, que con la continuidad de esta política de subsidios a la oferta oligopólica del sector, se convalidan precios del gas que están entre 75% y 100% por sobre los precios que garantizarían rentabilidad.

Ahora, allí no termina el problema, ya que en el presupuesto se aprobó un artículo adicional, por el que se autoriza la emisión de instrumentos de deuda pública con un plazo de amortización mínima de 30 días, y por un monto de hasta 1.600 millones de dólares, para cancelar las obligaciones emergentes de la Resolución 97 del 28 de marzo de 2018, del ex Ministerio de Energía y Minería. Esa resolución, es la que habilitó el pago de los subsidios adeudados a las empresas productoras de gas en el marco de tres proyectos diferentes, conocidos popularmente como Plan Gas. Dos de ellos, Plan Gas I y Plan Gas II, fueron creados en 2013 por la administración anterior, y su vigencia se extendió hasta fines de 2017. El Estado nacional registraba deudas por la demora en la liquidación de esos subsidios, aunque jamás pudo accederse a una información desagregada sobre los montos y las empresas beneficiadas. El otro proyecto, es el creado por Aranguren en mayo de 2016, que estaba vinculado a nuevos estímulos para proyectos de gas no convencional, que en principio reemplazaría a los anteriores. Este programa, se extinguió a fines de 2018, ya que desde marzo de 2017 hay vigente un nuevo marco para los subsidios a la extracción de gas, que pauta valores entre 7,5 dólares por millón de btu en 2018 hasta 6 dólares en 2021, marcando un sendero decreciente en línea con los precios de paridad de importación. Estos 1.600 millones de dólares que pagará en 2019 el Estado nacional a las empresas productoras, deberían comenzar a pagarse en el comienzo del año y en cuotas, aunque en el contexto del ajuste del FMI y el reciente estallido del conflicto entre Tecpetrol- división hidrocarburífera de Techint-, por el recorte en el pago de subsidios que la administración Macri pretende hacer sobre la producción gasífera finalmente obtenida, se agrega un nuevo foco de conflicto y tensión. Téngase en cuenta que lo afirmado es ciertamente grave, ya que esa empresa explica aproximadamente el 80% del total de subsidios por la producción de Vaca Muerta en el marco de la resolución 46 y, el centro de la disputa tiene que ver con el hecho que Techint extrae hoy más de 17 millones de m3 en el yacimiento Fortín de Piedra, el doble de lo establecido en el contrato de fines de 2017, que eran 8 millones de m3. Esa diferencia, que es millonaria, es la que pretende que se pague, según lo establecido en esa resolución que, por otra parte, no establecía techo de producción alguno.

Por ende, si se suman las cifras totales de subsidios a las empresas gasíferas, se llega a la friolera de u$s 2.865 millones, que al tipo de cambio de u$s 40 por dólar, implican una transferencia de $114.600 millones entre los años 2018 y 2019. Esa cifra representa alrededor del 17,5% del ajuste total previsto por el Gobierno nacional para 2019, que está en el orden de los $653.000 millones.
Esta decisión política no sólo está en línea con la consolidación del proceso de transferencia de recursos de toda la comunidad a un selecto grupo de empresas liderado por YPF, Tecpetrol, Total, Pan American, CGC, Wintershall, entre las principales, sino que implica la vuelta a la exportación de gas natural a mercados como el chileno, el brasileño y el uruguayo y la habilitación futura de negocios de exportación de gas natural licuado, previstos a partir de 2023 , año en que se estima que nuestro país tendría una abundante oferta de gas que le permitirá reducir drásticamente las importaciones y volver a erigirse en exportador neto de hidrocarburos. Historia repetida, deja vu de los ’90. Y, teniendo en cuenta la insostenibilidad creciente de estas políticas, ese panorama resulta por demás incierto.

Por otro lado, la reedición de este tipo de esquemas, omite una de las discusiones fundamentales que no parecen tener relevancia en el actual escenario, y que está directamente relacionada con este estado de cosas. Efectivamente, ante cada discusión tarifaria, ante cada nuevo simulacro de audiencia pública- como las que se han realizado en el caso del gas aún durante 2018-, no se pone en discusión el costo de producción del sistema energético argentino.

En el caso del gas natural, incluso durante las primeras audiencias, varios participantes ventilaron las cifras de costos de explotación de YPF presentadas a fines de 2015 en la SEC de Nueva York. Allí se afirmaba que ese costo se ubicaba en 1,9 dólares por millón de btu y, en el contexto del desmadre cambiario, el ex Secretario de Energía Iguacel afirmaba que los costos de explotación de las nuevas producciones no convencionales eran eficientes con valores inferiores a los 4 dólares por millón de btu, cuando durante las mismas audiencias las empresas- con YPF a la cabeza- hablaban de los precios de paridad de importación, en línea con la fallida política de Aranguren, que estableció un ficticio costo de oportunidad, en un país que tiene el 75% de su oferta de gas natural abastecida por su mercado interno y que importa un promedio del 25% de las necesidades gasíferas en los meses de otoño e invierno, con lo cual resulta inadmisible que los usuarios residenciales, comerciales e industriales paguen en sus consumos variables valores en m3 que remiten más bien a esos precios de importación que son la contracara del esquema del tarifazo. Este costado del problema, no aparece generalmente en el centro del debate de los tarifazos, como debiera ocurrir.

A su vez, el desatino de las compensaciones por la devaluación de abril-octubre de 2018, nos habla de otro problema menos visible pero igualmente grave. Es que no hemos salido de los esquemas vigentes en las leyes marco que regulan los servicios de gas natural y energía eléctrica, que fueron estructurados a comienzos de los ’90 y que jamás fueron seriamente discutidos. En efecto, un abordaje integral de la problemática energética, supone rearmar nuevos esquemas regulatorios de la mano de un profundo debate abierto y democrático, sobre el tipo de empresas de servicios públicos que realmente necesitamos en función de las prioridades productivas y de vida de nuestros ciudadanos.
Estos esquemas de compensación están directamente relacionados con el principio de neutralidad tributaria que las empresas transportistas y distribuidoras de gas natural y energía eléctrica tienen garantizados en los contratos de concesión que derivan justamente de los marcos regulatorios vigentes, la ley 24.065- del gas natural- y la ley 24.076, de energía eléctrica. Debe recordarse, que uno de los argumentos contundentes que le impidieron al gobierno avanzar en ese camino, es que ese tipo de compensación entrañaba, en realidad, un ajuste retroactivo que opera sobre contratos ya pagados y que vulnera el Código Civil y Comercial de la Nación. Asimismo, estos marcos regulatorios de los ’90 habían sido funcionales al esquema de convertibilidad 1 a 1 vigente durante esa década, pero luego del 2001, con la emergencia económica, comenzó un sendero de renegociación tarifaria que jamás se concluyó adecuadamente, al tiempo que no se puso en debate abierto la prioridad de reestructurar los servicios públicos bajo una lógica que los sacara del escenario de mercantilización ligado a este esquema desregulador.

De hecho, estos esquemas de compensaciones operan en todos los procesos de ajuste tarifario conocidos; así, en los últimos ajustes de energía eléctrica, que rigen desde el 1 de febrero de 2019, los aumentos de generación – del orden del 38%-, junto con los ajustes desde febrero y marzo en los segmentos de transporte y distribución de electricidad- llevan a aumentos adicionales del 44% entre febrero y marzo. En las resoluciones publicadas, para Edenor y Edesur, en este caso, se detallan las compensaciones cambiarias por el estallido de abril-octubre de 2018, los pagos en 36 cuotas que devienen de la última audiencia pública eléctrica de fines de 2017- donde se aprobó la llamada Revisión Tarifaria Integral, que rige por cinco años, hasta 2022-, y hasta un cálculo adicional por la inflación esperable hasta abril de 2019.
Este esquema, sólo es posible en un tipo de gestión desregulada y segmentada, en la que el sistema regulatorio parece funcionar más bien como resguardo de las rentabilidades de cada segmento del sector gasífero y eléctrico, antes que como asegurador de una prestación eficiente, adecuada y asequible, dimensiones que supuestamente se resguardan en los mismos marcos legales. Es aquí donde la lógica de la ganancia empresarial, que es lícita bajo este esquema, choca de frente con las prioridades sociales en materia de accesibilidad a la energía, y es allí donde debemos operar.

Es que la contracara de este funcionamiento de mercado anárquico y propio de un esquema de saqueo y privilegio, es la inexistencia de una cosmovisión integral del sistema energético, que supone un conjunto de actores, reglas de juego y relaciones que deben asegurar no sólo la disponibilidad de energía, sino la perdurabilidad del suministro en el tiempo, la accesibilidad como criterio universal, en resguardo de un derecho humano esencial, una producción cada vez más eficiente y sostenible desde el punto de vista de un criterio ambiental fuerte y, finalmente, un esquema de paulatina diversificación de fuentes de generación de energía, que planifique criterios de complementariedad de fuentes y bases sólidas y reales para la incorporación de fuentes renovables desde una perspectiva sistémica integral y no como meras apuestas financieras dolarizadas, que es lo que parece trasuntar el interés gubernamental por la promoción de las energías renovables. Y en lo que respecta, precisamente, a la promoción de las energías renovables, no deja de llamar la atención que tanto los proyectos licitados-147 en total , que son básicamente eólicos y solares-, como el componente efectivamente nacional en el armado de esos proyectos y el resto de la legislación existente, carecen de una estructuración y/o planificación integral que los reúna bajo criterios claros de intervención del Estado, en un contexto donde, simultáneamente, se hace una apuesta muy contundente hacia un esquema de transición energética ligado a la explotación masiva del gas no convencional de Vaca Muerta. Aquí, entonces, la cuestión es clara: ¿a través de qué institucionalidad, con qué actores y procesos, se lleva adelante la construcción de escenarios de mediano y largo plazo en la planificación de la matriz energética nacional y cómo se establecen los parámetros que priorizan tal o cual política pública dentro del esquema general?
Por su parte, la cuestión regulatoria de servicios públicos que configuran derechos humanos inalienables, como el de la energía y el agua, tienen siempre dos grandes puntos ciegos a la hora de realizar un análisis integral.

Por un lado, las inversiones aparecen como el fetiche permanente de las discusiones en los simulacros de audiencias públicas que se han vivido en estos tres años, con promesas que han ido a la par de las reestructuraciones tarifarias que han fortalecido los balances empresarios como pocas veces se ha registrado, y que no han contado con acciones contundentes y claras desde los organismos reguladores- ENRE y ENARGAS- que, en los marcos vigentes, son los garantes de la adecuada prestación de los servicios. Durante el período de políticas de subsidios del kirchnerismo, las inversiones se habían convertido en el caballito de batalla de las empresas, que alegaban la imposibilidad de encarar las inversiones necesarias por falta de actualización tarifaria y ausencia de incentivos o señales de precios. Por cierto, luego de tres años de brutales ajustes, y en los momentos en que las temperaturas suben en los veranos más allá de los 30 grados, los cortes vuelven a producirse y las explicaciones faltan, al mismo tiempo que los entes han deteriorado, deliberadamente, su margen de acción en relación a las empresas. Es por ello que se han conocido cifras emitidas por el mismo ENRE que no sorprenden, y que hablan de un aumento del 59% en la cantidad promedio de usuarios con cortes en diciembre de 2018, en comparación con el mismo mes de 2016, mientras que el consumo residencial cayó un 18% para los usuarios de Edenor y un 19% para los de Edesur, comparado con fines de 2016.

Por el otro, los esquemas de compensaciones a usuarios por cortes caen bajo la misma caracterización, ya que distintas entidades de defensa del consumidor han advertido claramente que los promedios de resarcimientos son ridículos en relación a la magnitud de los cortes producidos. Según los mismos datos de las empresas Edenor y Edesur, entre marzo y agosto de 2017, fueron afectados más de 1,2 millones de usuarios con cortes de servicio, y las empresas ofrecieron resarcimientos promedio de 290 pesos por usuario; a su vez, entre septiembre de 2017 y febrero de 2018, los usuarios con problemas de servicio crecieron hasta 1,5 millones, y los montos promedio de resarcimientos fueron de 390 pesos; por último, entre marzo y octubre de 2018, fueron afectados más de 1.4 millones de usuarios, con resarcimientos promedio de 317 pesos. Ante tamaño aumento tarifario, y con cortes permanentes, los montos de resarcimiento son totalmente insuficientes , más aún teniendo en cuenta que estas empresas, además de los reajustes, han recibido compensaciones por más de 11.000 millones de pesos a comienzos de 2018, a causa del desdoblamiento de los aumentos en transporte y distribución decididos en las audiencias de fines de 2017.

Pero, además de todos estos aspectos, resulta fundamental preguntarse si luego de más de 25 años de desregulación y esquema de parches y políticas encaradas bajo distintos objetivos, los sistemas eléctricos de transporte y distribución están preparados para afrontar las nuevas condiciones ambientales que parecen caracterizar la situación climática en grandes conglomerados urbanos como el AMBA, donde el efecto isla de calor y la huella ambiental, resultan ser aspectos que suman al estado de endeblez estructural de los sistemas eléctricos. Como lo exponía un especialista, ¿tenemos un sistema eléctrico preparado para condiciones de temperatura mayores a 28 o 30 grados? La pregunta impone, en sí misma, una indelegable respuesta: es necesario plantear el problema como parte del rediseño integral del sistema energético, porque las empresas privadas no lo van a pensar por nosotros….
Finalmente, otro de los asuntos que deben ponerse sobre la mesa a partir de la desastrosa experiencia del tarifazo, que se sufre con auténtico dolor humano de millones de ciudadanos, es la cuestión de la tarifa social. Hemos visto que durante 2018, las coberturas y esquemas de tarifas sociales se han restringido, al tiempo que se ha transferido el financiamiento de la tarifa social eléctrica a las provincias, última e ignominiosa decisión adoptada en el presupuesto 2019. Asimismo, como ocurrió con la Resolución 14 de octubre de 2018 , emitida por el ENARGAS, en ocasión del último aumento y del escándalo por el asunto de las compensaciones, los premios por ahorro en el consumo, que habían constituido una bandera de la política tarifaria enarbolada por el gobierno en el contexto de la emergencia energética de fines de 2015, fueron directamente eliminados, lo cual deja en evidencia la orientación claramente fiscalista y depredadora de las políticas aplicadas. Asimismo, se han detectado serias fallas en el efectivo cumplimiento de la ley que ampara a los hogares electrodependientes, cuyo registro depende de la ahora Secretaría de Salud y que obliga a las empresas a proveer de equipos generadores autónomos a los hogares. Por no hablar de la lamentable situación de los clubes de barrio y organizaciones de la sociedad civil y empresas recuperadas, que están jaqueadas y al límite con los tarifazos.

También, resulta fundamental discutir abiertamente si es más pertinente hablar de pobreza energética- concepto importado de Europa que remite a la imposibilidad de afrontar la cuenta energética en muchos hogares cuando el costo de esos bienes supera más del 10% del presupuesto familiar-, o más bien de accesibilidad universal, lo cual supone no solo revisar los actuales techos de consumo para la denominada tarifa social en luz y gas- que han sido claramente recortados a la luz del aumento inflacionario, de los mismos tarifazos y de la evolución de los salarios-, que deberían ser más generosos que los 150 kwh por mes que son garantizados como gratuitos en el consumo variable de un hogar, o los algo más de 25 m3 por mes, para el caso del gas natural, que varía hacia arriba en las regiones más desfavorecidas. Claro, si afirmamos que un nuevo enfoque supone no sólo la revisión de esas medidas de consumo hoy muy restrictivas, también decimos que tal vez debamos discutir un esquema amplio, universal y accesible de cobertura en materia de gas y energía eléctrica, lo cual supone que el mismo Estado debe ser el último garante de una universalidad en el acceso como política inalterable. También es claro que discutir esta línea de trabajo, implica poner en el centro de la escena una adecuada, efectiva y eficiente política de subsidios a bienes que son esenciales y estratégicos, para la vida digna y para la reproducción del sistema productivo en cualquier nación civilizada. De hecho, resulta necesario hoy más que nunca, darse una vuelta por el mundo para observar que las políticas de subsidios a los servicios públicos de energía, agua y transporte, son esenciales para el funcionamiento de la sociedad.

Por último, las utilidades de las grandes empresas gasíferas y eléctricas, se han consolidado dramáticamente en 2017 y, fundamentalmente, en 2018. Investigaciones propias y ajenas, basadas en los balances de las empresas del sector, nos han mostrado que la recomposición de las utilidades, en algunos casos, como las eléctricas, transportistas y algunas gasíferas han sido imbatibles si se las compara con empresas de otros rubros.
Así, Edenor registró un incremento en sus ingresos por servicios (ventas) del orden del 1118%, mientras que Edesur obtuvo una mejora de 821% si se compara 2018 contra 2015. A su vez, el incremento de sus resultados operativos (ganancias por ventas menos costos de producción), fue del 223% para Edenor y 215% para Edesur.

En el caso de la concesionaria de transmisión eléctrica de alta tensión, Transener, obtuvo un aumento en sus ingresos por servicios de 290%, y en sus resultados operativos del orden de 1250% (multiplicó sus ganancias por 13,5). En el segmento de generación, los números señalan para Pampa Energía un incremento en sus ingresos de 554%, y en los de Central puerto, del 206%. A su vez, el incremento de los resultados operativos fue de 836% para Pampa Energía y de 1230% para Central Puerto. Algunos números brutales, que hablan por sí solos….
Asimismo, si se toman cuatro de las principales empresas gasíferas en la Argentina, los resultados netos de 2017 triplican los de 2015 y los primeros seis meses de 2018 muestran resultados que duplican los de todo 2015. Las distribuidoras de gas natural, registran en conjunto ganancias por $642 millones en 2016, que se multiplican por 24 veces en 2017 (+2.300%) por efecto de los tarifazos. Entre esas empresas, particularmente notable es la situación de Gas Cuyana y Distribuidora de Gas del Centro, que han reportado las mayores ganancias, con números que superan 400%; en ellas, Nicolás Caputo es uno de los principales inversores. Si se toman los resultados netos de las diez principales productoras y distribuidoras de gas en Argentina, en 2017, pasan a tener un resultado neto de $37.000 millones, es decir, multiplican por cuatro las ganancias de 2015, con un crecimiento de 3.000% en apenas dos años. Los resultados de 2018 son aún más alarmantes, ya que sólo en el primer semestre, acumularon mayores ganancias que en todo 2015.

Por último, esta brutal apropiación se ha dado en un panorama productivo en materia de gas y petróleo que ha sido muy dispar, si se comparan los recursos convencionales con los no convencionales, ya que durante la administración Macri, áreas productivas tradicionales como la cuenca del noroeste y la cuyana, retrocedieron en modo significativo en la extracción de gas y petróleo, mientras que la recuperación de 2018, fue mucho más tenue en crudo que en gas. En efecto, hasta octubre de 2018, la primera redondeó una mejora del 2% promedio contra 2017, mientras que en el caso del gas natural, la extracción mejoró de la mano de los no convencionales de Vaca Muerta, hasta un 7% promedio en relación a octubre de 2017. En ese sentido, YPF ha sido la empresa que lideró las mejoras en crudo, con el mayor avance en shale oil en Loma Campana, Vaca Muerta, mientras que en gas natural, los subsidios vinculados a la ya trabajada Resolución 46 de 2017, parecen explicar las mejoras más significativas.

En concreto, la extracción de crudo no convencional (tight mas shale), aumentó un 15% hacia octubre de 2018, en relación al mismo mes de 2017, lo cual muestra números realmente más dinámicos. Dentro de los no convencionales, el shale oil creció un 70% interanual, lo cual demuestra que las inversiones se están canalizando al boom del shale en Vaca Muerta, y se están abandonando el resto de los campos en buena parte del país. En gas, la extracción no convencional (tight más shale), aumentó un 38% interanual en octubre de 2018, mientras que en el shale, el salto fue exponencial, al llegar al 243%, lo cual está directamente relacionado con los nuevos subsidios.
Sin embargo, la consolidación de este escenario está por verse, lo cual agrega un elemento de mayor preocupación en lo que respecta a la deriva de la política energética macrista, acuciada por los conflictos de puja y reparto de recursos entre los mismos sectores a los que benefició permanentemente.


II- Conclusiones parciales: hacia un replanteo integral de la problemática energética nacional.
A partir de todo lo analizado sucintamente en una problemática tan compleja como la crisis tarifaria desatada por el gobierno de Cambiemos, estimamos que hay un conjunto de cuestiones estructurales que deben ponerse sobre la mesa a la hora de discutir la emergencia tarifaria o lo que viene en esta estratégica área de las políticas públicas.
Uno de los primeros ejes, es el vinculado a los servicios públicos privatizados. La Argentina debe darse una discusión abierta, participativa y democrática, que nos permite refundar el sector energético bajo premisas de disponibilidad, accesibilidad, protección del medio ambiente, mayor eficiencia y rendimientos energéticos y diversificación paulatina de la matriz de generación de energía hacia la incorporación de fuentes renovables, bajo el criterio de complementariedad, de modo que la resiliencia del sistema pueda verse consolidada a partir de la diversificación del riesgo de seguridad energético. Ello supone, además, que los servicios públicos constituyen derechos humanos inalienables, y como tal deben ser contemplados en la legislación, de modo tal que podamos trabajar con nuevos y más inclusivos criterios de accesibilidad, dimensión que debe planificarse en sentido universal, propendiendo a que toda la población, con independencia de su capacidad contributiva, acceda a estándares dignos de gas natural, electricidad y agua potable. Ello supone rediscutir la problemática de la pobreza energética realizando un planteo que esté en línea con la accesibilidad universal y generando las condiciones para que los esquemas de regulación estatales públicos redunden, en el mediano y largo plazo, en mejores servicios. Estas políticas, no pueden encararse desde la esfera de los intereses corporativos en la Argentina, más aún con un oligopolio hidrocarburífero que ha cooptado al Estado en sus principales funciones regulatorias y extractivas, para ponerlo a su servicio. Ese escenario, abre el camino a una nacionalización de las empresas del servicios públicos esenciales, con esquemas abiertos de participación ciudadana, organismos de defensa de los usuarios y trabajadores de la energía. Es fundamental encontrar una salida a casi tres décadas de desregulación liberal, que han convertido al sistema energético en un ámbito de mercantilización controlado por muy pocos actores, lo cual ha debilitado las capacidades mismas de regulación estatal, al tiempo que se han consolidado estructuras normativas que refuerzan el carácter mercantil del sistema. Finalmente, salir de la anarquía de las empresas segmentadas en busca de rentabilidad, implica rediscutir un sistema energético que recobre unidad de planificación y dirección, con esquemas centralizados de políticas estratégicas de mediano y largo plazo, combinadas con normativas que permitan y fomenten la descentralización de procesos y actores en el mundo de la energía, pero con un objetivo claramente desmercantilizador y con esquemas de subsidios estatales que promuevan agregado de valor nacional en la incorporación de nuevas fuentes renovables de energía y sectores estratégicos de usuarios residenciales, comerciales e industriales que deban ser específicamente sostenidos en función de las distintas y variadas particularidades geográficas del país.

Otro de los ejes fundamentales, es la rediscusión integral de los esquemas de precios en el subsector hidrocarburífero, donde la empresa YPF S.A. debe recobrar el rol de empresa testigo estratégica en el eslabón upstream de desarrollo, exploración y extracción, y en el eslabón downstream de refinación y comercialización de combustibles. Ello supone salir de las lógicas dolarizadoras, que nos han llevado a destruir cualquier herramienta autónoma soberana de intervención en el sistema energético, que es un sector crítico para toda la actividad económica nacional. Asimismo, la pesificación de todos los contratos y tarifas, va de la mano del hecho incontrastable que la Argentina es productor de petróleo y gas natural, de forma tal que el funcionamiento de los mercados energéticos no puede estar a expensas de costos de oportunidad exclusivamente vinculados con los precios de paridad de importación y los intereses de los jugadores del sector en materia de exportación e importación. Ello implica que los hidrocarburos sean declarados bienes estratégicos de la Nación y provincias argentinas, de modo tal que las políticas exportadoras deben quedar suprimidas al tiempo que se desarrollen reservas en función de las necesidades de abastecimiento interno. Una comunidad con energía que pueda pagarse, a precios razonables, con costos de producción que respondan a la dinámica del mercado nacional, en un contexto de consolidación de procesos de integración regional energéticos sudamericanos, y que prevean mecanismos de intercambios compensados con fuerte participación de los Estados a través de empresas energéticas eficientes y dinámicas, resultan claves centrales para repensar el sistema energético nacional. En ese orden, Vaca Muerta, aparece como el nuevo El Dorado, así como lo fue en los ’70, Loma de la Lata, también en Neuquén. Y es precisamente, ahí donde hay que trabajar con mayor fortaleza y ahínco, ya que no podemos tropezar dos, tres veces con la misma piedra, y echar mano a un proceso ultraextractivo, con condiciones socioambientales y de uso intensivo de recursos estratégicos como agua y suelo, que son hoy desconocidas, pero que abren la perspectiva de un horizonte muy grave para las comunidades involucradas y para todo el país. Se trata, entonces, de construir Vaca Muerta como activo estratégico que sea incorporado en una planificación energética de mediano y largo plazo, que recupere horizontes de inversión en las cuencas tradicionales de gas y petróleo que han sido abandonadas por esta administración, para lanzarse a la reedición de la aventura extractiva, con las reglas del corto plazo impuestas por los grandes actores multinacionales de los hidrocarburos. Ese escenario, permitiría recuperar una visión más equilibrada del sector, al tiempo que pueda darse el proceso de abierta discusión en el marco de toda la comunidad argentina, sobre la relevancia de una región como la de Vaca Muerta, las cuencas Marina Austral, la del Golfo San Jorge y las potenciales riquezas de nuestro mar Argentino y nuestra plataforma continental recientemente reconocida por la Convención del Derecho del Mar de las Naciones Unidas en 2016. No en vano afirmamos esto, porque sobre estos territorios terrestres y marítimos, se ciernen los grandes objetivos geopolíticos de los Estados Unidos, China y potencias como el Reino Unido, que ocupa ilegalmente nuestras Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y espacios marítimos circundantes y, por extensión, la proyección sobre todo el Atlántico Sur y la Antártida. En ese juego, si la Argentina no logra recuperar cosmovisión y proyección regional sudamericana compartida, será muy poco lo que se pueda hacer, siendo campo orégano para los intereses trasnacionales de los hidrocarburos que ya están a la espera de la consumación de licitaciones en miles de kilómetros de nuestra plataforma continental. Y allí, el acercamiento insostenible y grave del gobierno de Macri al Reino Unido, en términos de remover los obstáculos entre ambos países para la “normalización” de las relaciones bilaterales en el medio de la pervivencia de un grave conflicto por la soberanía, resulta uno de los escenarios más ominosos que tenemos por delante como comunidad nacional. La noción de activo estratégico, entendida como santuario nacional de soberanía intransferible a proteger con políticas de control y denegación de acceso a potencias rivales, constituyen escenarios complejos a recorrer, pero de innegable actualidad, y estimamos que sólo podrá encararse de la mano de un proceso de integración regional que ponga proa con los instrumentos de la diplomacia y la concertación y la cooperación entre nuestros países. El escenario de la coyuntura actual no es el más propicio, pero deberá encararse en el mediano y largo plazo.

Por último, la diversidad humana, geográfica y cultural de la Argentina, nos lleva a otro objetivo invalorable en el plano de las políticas energéticas: cuidar el conocimiento adquirido durante décadas, lo cual es asimilable al sector nuclear en primer lugar, y luego a un conjunto de agencias públicas y empresas estratégicas que deben ser sostenidas en manos del Estado para asegurar investigación y desarrollo para políticas de transición energética de largo plazo, que pongan el foco en la diversificación paulatina del sistema energético nacional, con la incorporación de fuentes renovables e generación y la consolidación de esquemas de oferta dinámicos y eficientes de hidroelectricidad y nucleoelectricidad, en un marco de planificación nacional centrada en el cuidado del medio ambiente y la reducción paulatina de emisiones de gases de efecto invernadero. El esquema de planificación, supone un sistema energético con una matriz de generación lo más diversificada posible, bajo criterios de complementariedad de fuentes y con un activo trabajo de investigación y desarrollo estatales en los planos de la movilidad eléctrica y/o híbrida, vectores de almacenamiento de energías limpias, y escenarios de descentralización a través del desarrollo de mecanismos de generación distribuida y compre nacional, con impactos geográficos adecuadamente distribuidos. Todo ello, en un marco de consolidación de integraciones energéticas regionales y transfronterizas con Chile, Bolivia, Brasil, Uruguay y Paraguay, en tiempos y modalidades que deberán definirse a su turno.
En líneas generales, hemos intentado realizar un balance descriptivo y crítico de la situación energética nacional, con particular relevancia en la problemática de los tarifazos, pero, nos parece fundamental poner el ojo en la discusión estructural que será clave en los próximos años en el sistema energético. Con esa inquietud, y con el objetivo permanente de luchar por nuestra soberanía y comunidades nacionales y latinoamericanas, ponemos a disposición, fraternalmente, este material que intenta dar un puntapié inicial para que la energía se constituya en un problema de todos y no en un negocio de pocos, para pocos y destinado a esquilmar nuestros recursos en un modo nunca antes conocido. Esa es la dinámica que tenemos que frenar, y construir grandes consensos democráticos y populares en torno a la recuperación de la energía para una transición productiva que nos saque de El Dorado del ultraextractivismo que campea con fuerza de las manos del intervencionismo de las grandes potencias en nuestra región.


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