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La CPM interviene desde ayer acompañando a las víctimas y familiares. Se realizaron además diversas presentaciones ante la justicia y el Ministerio de Seguridad provincial.
Pasaron poco más de 24 horas desde la masacre y los hechos que siguen sucediendo apuntan a un único responsable: el Estado.
El informe indica que “no hubo motín ni intento de fuga, como pretende instalar la versión policial. Fue un reclamo desesperado de los detenidos por sus condiciones de detención. Los 27 estaban alojados sin colchones, debiendo turnarse para dormir en el piso sobre frazadas. Y prendieron fuego mantas y papeles. Estaban alojados de manera ilegal en un lugar clausurado judicialmente y donde -según la policía- solo había cupo para 10 personas. El fuego iniciado fue como medida de protesta ante una situación insostenible. Al iniciarse el fuego, los agentes que custodiaban cerraron la llave de paso de agua de las celdas impidiendo que los detenidos apaguen el fuego, pese a los gritos desesperados de ayuda. También demoraron la asistencia mientras se burlaban del pedido de auxilio diciéndoles: ‘ahora se van a quemar como las ratas que son’".
Según se informó: ”Elías Soto tenía apenas 20 años y Miguel Ángel Sánchez estaba detenido por tenencia simple de estupefacientes, un delito menor y excarcelable. Ambos estaban procesados. Se suman así a las muertes de Jeremías Rodríguez de 19 años, Jorge Ramírez de 30 años, Eduardo Ocampo de 60 y Juan Lavarda de 59 años fallecidos ayer.
Recuerdan además que la justicia había clausurado, el alojamiento en la comisaría de Esteban Echeverría, que el jueves a la noche transgredía el tiempo máximo de 48 horas que una persona puede estar alojada en estas dependencias, la mitad llevaba más de 4 meses en ese lugar y todos superaban el plazo de dos días.
“Estás muertes horrorosas –se señala- producida bajo la custodia del Estado no son hechos excepcionales ni producto de accidentes o catástrofes. Son un emergente más de la política punitiva legitimada en el sistema político argentino que, mientras pretende interpelar con la promesa de mayor seguridad, lo único que genera es más violencia. El Estado no puede intervenir para resolver los problemas sociales apartándose del estado de derecho y las garantías constitucionales. Y eso es lo que hace sistemáticamente en la aplicación de la política criminal y de lugares de encierro.
“Desde la CPM volvemos a repudiar esta nueva masacre y responsabilizamos al Poder Ejecutivo provincial y a la Suprema Corte bonaerense. Las advertencias sobre las condiciones inhumanas en que se encuentran los lugares de encierro en la Provincia que nuestro organismo viene realizando, y el reconocimiento que estas denuncias han tenido en ámbitos judiciales de nuestro país -incluida la propia Corte y organismos internacionales-, le otorgan más gravedad a lo sucedido.”
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