El Juzgado Civil y Comercial Federal Nro 7 a cargo de la jueza, Dra. Alicia Bibiana Pérez, hizo lugar a la petición cautelar de la Asamblea Unidos por el Río de Vicente López y ordena al Círculo de la Policía Federal Argentina, que se abstenga de realizar cualquier obra de dragado, ensanchamiento o entubamiento y /o alteración del ecosistema del Arroyo Raggio como así también tala de árboles-, removimiento de tierra, la disminución del terreno absorbente, modificación de la topografía, deforestación y arrasamiento de vegetación en ambas márgenes del curso agua.
Esta medida cautelar se dicta dentro de un proceso de amparo donde se reclama el cese del daño ambiental del Círculo de la Policía Federal sobre el corredor biológico compuesto por el Arroyo Raggio.
Antecedentes La Asamblea Unidos por el Río ya había impedido la acción de las topadoras en noviembre. En diciembre iniciaron la batalla legal, que dio como resultado la aceptación del recurso de amparo por parte de la Justicia porteña (es jen el límite entre la CABA y Vicente López).
El art. 4 señala los principios de la política ambiental, previendo en el cuarto párrafo el precautorio y estableciendo que frente al “peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
El Arroyo Raggio es un curso de aguas que desemboca en el Rio de la Plata, y se encuentra ubicado en el límite de la Ciudad de Buenos Aíres y el Partido de Vicente López (Provincia de Buenos Aires).
Para la resolución judicial, la jueza citó el artículo 41 de la Constitución Nacional y los artículos 1 y 4 de la Ley 25.675 General del Ambiente. “Se arrimó un dictamen de Carlos Ignacio Borón, Licenciado en Biología y Doctor en Química, que refleja la biodiversidad del lugar y los servicios ambientales que brinda. El derecho ambiental es de naturaleza esencialmente preventiva, de adecuación de procedimientos anticipatorios”, señaló Pérez en su fallo.
Según informa “El Argentino”, antes de esta medida, el Círculo Policial y el gobierno porteño -a través de la Agencia de Protección Ambiental- hicieron una plantada de 200 árboles. Junto a otras organizaciones, repusieron vegetación que había sido arrasada a lo largo de las orillas. Para Unidos por el Río fue una lavada de cara de la Policía, pero también un logro. Aunque aclararon que no es la recompensación necesaria. El Raggio, explican, “es un arroyo de aguas pluviales y a su alrededor se ha formado un humedal con selva en galería. Tiene distintas especies de plantas que los especialistas que forman Unidos saben diferenciar: ceibo, sauce criollo, curupí. En 2015, el gobierno porteño le cedió los terrenos al CPF en un intercambio. En una publicación de la página del club explicaron el proyecto que tenían para el lugar: ‘Desmalezamiento y parquización del área. Construir una guardería en el predio para uso de asociados y otra guardería para usuarios no socios’. Las topadoras contratadas por la institución policial ya tiraron abajo parte de la vegetación de la ribera. Y avanzaron también sobre los márgenes que corresponden a la provincia”.
Los integrantes de la Asamblea están convencidos, de acuerdo a la documentación municipal, que el arroyo queda dentro de Vicente López hasta su desembocadura en el Río de la Plata. Son 10.000 metros cuadrados de superficie. Fernando Cabaleiro, el abogado de Unidos por el Río y coordinador de la ONG Naturaleza de Derechos, que patrocinó legalmente el amparo explicó a El Argentino: “Antes del cruce, pertenece a la Ciudad. Igual, la Policía no tiene la propiedad del terreno ni los papeles. Y aunque le hayan dado una especie de precontrato, nunca hizo una evaluación del impacto ambiental como exige la normativa. Así que las obras son ilegales”.
La gente de la Asamblea sostiene que con esta orden judicial, el Arroyo Raggio se encuentra protegido hasta tanto se resuelva la acción de amparo, y que se termina el año 2016: “con una excelente noticia, que iniciamos en Febrero con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, suspendiendo la actividad de Papel Prensa por el uso de millones de litros de agro tóxicos sin la previa evaluación de impacto ambiental”.
