El fiscal federal Jorge Di Lello pidió la indagatoria del intendente, Gustavo Posse, en una causa por defraudación en la construcción de viviendas sociales, en el barrio Martín y Omar, del bajo sanisidrense. Según el dictamen de la fiscalía, la intendencia recibió recursos para construir 250 viviendas y construyó 44. La denuncia fue presentada por la concejala, Marcela Durrieu (Frente Renovador). La Justicia también requirió la presencia de empresarios y funcionarios provinciales y del distrito vinculados a la operación.
El intendente, Gustavo Posse, es investigado por el fiscal federal, Jorge Di Lello, en una causa por la presunta defraudación en la construcción de viviendas sociales para el barrio Martín y Omar, en el Bajo de San Isidro, iniciada por la concejala sanisidrense, Marcela Durrieu, del Frente Renovador.
En la sesión del 18 de mayo de 2016, el Concejo Deliberante de San Isidro aprobó por unanimidad un proyecto, presentado por la oposición, que le solicitaba al Gobierno Municipal información detallada sobre la urbanización del barrio, a través del Proyecto Federal de Viviendas nacional, que los concejales opositores evaluaban como inconclusa.
En este contexto Di Lello solicitó al juez, Sebastián Ramos, la indagatoria de Posse, funcionarios municipales, provinciales y agentes de empresas contratadas para las obras (Soluciones Urbanas SRL, CESA SA, Emaco SA e Inelco SA). Un juez llama a indagatoria a una persona cuando tiene motivos para sospechar que ha cometido algún delito.
Según el dictamen del fiscal Di Lello, que analizó documentación, y el 8 de agosto de 2016 recorrió en persona las obras, el barrio y habló con vecinos, la intendencia de San Isidro recibió recursos de un programa de viviendas para villas y asentamientos, que Nación lanzó en 2005, para construir 250 viviendas, pero solamente construyó 44.
“Se estableció que -en principio- se han construido solamente 44 viviendas de las 250 que fueron proyectadas, licitadas, comprometida su construcción mediante los pertinentes contratos, y destinados los fondos pertinentes (…)” dice el dictamen de Di Lello, al que accedió Prensa Libre (y hay una versión pública en Internet).
Di Lello, además, consideró que “(…) la desproporción de certificaciones y pagos quedaría demostrada con la “…sola comparación entre el porcentaje de ‘Avance físico acumulado’ del último certificado –n° 95- que consigna 99,44 % y el 17,6 % que representan las 44 viviendas construidas…”.
El fiscal, asimismo, evaluó en su dictamen que Posse “en su carácter de titular del Municipio de San Isidro, estaba obligado como máxima autoridad municipal, a velar porque los fondos del Plan Federal de Viviendas (PFV) se aplicaran a los pagos de la obra para los que estaban destinados (…)”.
Conocido el pedido de indagatoria, el partido vecinalista, Convocación por San Isidro, por su parte, reveló que “viene presentando hace años pedidos de informe sobre la ejecución del Plan Federal en el Honorable Concejo de San Isidro pero hasta el momento el municipio no ha brindado ninguna respuesta”.
Sin precisar el número de viviendas construidas y comprometidas, pero aceptando que no se construyó la cantidad esperada y hubo atrasos en la fecha de entrega, también Posse salió a justificar la situación que lo coloca en un lugar comprometido ante la Justicia. Lo hizo a través de un comunicado oficial y en su cuenta de Facebook.
La secretaria de Obras Públicas difundió que: “Con el mismo presupuesto hubo que realizar obras de infraestructura imprescindibles que no fueron previstas y sin las cuales sería imposible construir las viviendas”. Y reveló que el municipio solicitó “pericias para demostrar la inexistencia de los hechos denunciados por Durrieu”.
En el comunicado municipal, además, se destaca que las pericias aún no se llevaron a cabo (cabe consignar que el dictamen del fiscal Di Lello que trascendió no se hace referencia a la solicitud de tales pericias) y obviamente se asegura que cuando se efectúen “demostrarán que los hechos denunciados no son ciertos”.
Sobre el primer argumento el fiscal Di Lello en su dictamen explicó que por convenio con Provincia y Nación “el Municipio de San Isidro se comprometió a aportar los recursos que fueran necesarios para hacer frente a las diferencias que pudieran exceder el monto que financiaba la Nación, y en ese contexto, declaró contar con fondos suficientes (…)”.
En su Facebook Posse aseguró: “voy a estar a disposición de la justicia como debe ser”, y que la intendencia “desde un primer momento colaboró con la investigación, aportando toda la documentación necesaria para que se esclarecieran los hechos”. Allí, nombra a la concejala denunciante como “Marcela Margarita Durrieu de Galmarini de Massa”.
El intendente, además, vuelve a destacar que las pericias solicitadas (lo hace dos o tres veces) no se concretaron aun y lanza una acusación política sobre Di Lello al sostener que cuando se realicen: “demostrarán que los hechos denunciados no son ciertos y que la solicitud del fiscal sobre las indagatorias tienen un claro propósito político” en su contra.
