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Domingo 17 de Diciembre de 2017   












Abogados contra el 2x1
26/5/2017 Región Metropolitana Norte - Derechos humanos

 
Abogados querellantes en causas por crímenes de lesa humanidad, durante la dictadura, pidieron el juicio político de los tres jueces de la Corte Suprema de Justicia que fallaron a favor del beneficio del 2x1, para reos que purgan penas por esos delitos aberrantes. Son profesionales del Colectivo Nacional Mario Bosch, donde también hay psicólogas, peritas de parte en las causas. El pedido alcanza a los jueces Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.

Pablo Llonto y Elizabeth Gómez Alcorta llevan juicios como los de Campo de Mayo, por derechos humanos; Adriana Taboada es perita de la querella. Los tres forman parte del Colectivo Nacional, Mario Bosch, de abogados y otros profesionales querellantes en Causas por Crímenes de Lesa Humanidad, y son vecinos de la zona.

El Colectivo, conformado por alrededor de 70 profesionales de todo el país, presentó ante el Comité de Juicio Político del Congreso Nacional un pedido de juicio contra los tres jueces de la Corte -Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti- que fallaron el 2x1 que beneficia a criminales de lesa humanidad que purgan penas.

Los abogados explicaron en el escrito presentado que aunque el “mal desempeño” que sustenta el pedido de juicio político “no está definido en el texto constitucional” taxativamente, “es el Congreso el que tiene amplías facultades de interpretación al respecto”, una cuestión que, para los abogados, acuerda toda la teoría del derecho.

Así, los abogados citan al respecto al jurista y político, Joaquín V. González: “el propósito del juicio político no es el castigo de la persona delincuente, sino la protección de los intereses públicos contra el peligro u ofensa por el abuso del poder oficial, descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo”.

Para los profesionales los integrantes de la corte que dieron paso al 2x1 “han frustrado inexcusablemente el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución al favorecer mediante el dictado de una sentencia contraria a Derecho, la impunidad de los responsables del Terrorismo de Estado (convalidación de la Ley 24.390)”.

En esta línea observaron que el desatino de la decisión “marcó un punto de inflexión” en la propia Justicia pues “fueron los propios Tribunales (inferiores) que al recibir pedidos similares de la aplicación de la derogada ley 24.390, se alzaron contra el fallo Muiña y rechazaron” los planteos de otros reos que quisieron aprovechar el beneficio.

El colectivo de abogados destacó, asimismo, que la curiosa decisión de los cortesanos “sacudió las conciencias de la mayoría de la sociedad” y “se multiplicaron las voces de repudio”, y le atribuyó una gran importancia a la multitudinaria marcha del 10 de mayo último, a la que llamaron los tradicionales organismos de derechos humanos.

Luego explicaron que “la lucha contra la impunidad es también el resultado del nuevo contrato social de los argentinos, lo quedó una vez más demostrado por estas horas y no habrá vuelta atrás”; pero además que la decisión “agravia de modo intolerable a las víctimas” por “la situación de impunidad que proyecta la maniobra”.

Gustavo Camps


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