|
En la madrugada del 15 de noviembre, se produjo un incendio en la comisaría 3ª de Esteban Echeverría que terminó con diez muertos: dos en el lugar, otros ocho en hospitales durante los días siguientes, la última de esas muertes ocurrió el martes pasado. La dependencia policial estaba clausurada por orden judicial para alojar detenidos, sin embargo aquella madrugada había 26 personas donde -según la misma policía- antes de la clausura sólo había cupo para 10. El hacinamiento, las condiciones inhumanas de detención y la falta de elementos de seguridad provocaron la peor masacre en comisarías del país.
No fue un intento de fuga ni un motín, fue una masacre. “No nos vamos a quedar con la versión policial. Nuestros hijos no merecían morir así”, remarcan los familiares de las víctimas. Al cumplirse un mes de la masacre de Esteban Echeverría, marcharán por Jeremías Rodríguez, Elías Soto, Walter Barrios, Carlos Ariel Corvera, Jorge Ramírez, Miguel Ángel Sánchez, Juan Carlos Fernández, Juan Lavarda, Eduardo Ocampo y Fernando Arguello. Por los 10, por verdad, justicia y memoria. Junto al pedido de justicia, los familiares también denuncian la responsabilidad del Estado por estas muertes.
Como parte de su trabajo de fortalecimiento de las organizaciones de los familiares articuladas en la Red Nacional de familiares contra la tortura y otras violencias estatales, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), presidida por Pérez Esquivel, acompaña la movilización que se realizará el sábado 15 desde las 18 horas en Monte Grande. La marcha comenzará en la plaza Mitre y caminará hasta el Espacio de Memoria de esta localidad.
En total serán unos 500 integrantes de la Red que llegarán ese mismo día desde 15 provincias de todo el país para participar del V encuentro nacional de organizaciones de familiares que organiza la CPM. El sábado antes de la marcha y durante todo el domingo, en el Centro Recreativo Nacional — bosques de Ezeiza, participarán de distintos talleres de trabajo para seguir fortaleciendo la capacidad de intervención en sus territorios.
Arguello tenía 33 años y estaba detenido desde el 25 de octubre a cargo de la comisaría 1ª de Monte Grande pero alojado en la 3ª de Esteban Echeverría. Había sido aprehendido por tenencia ilegal de estupefacientes para comercialización, como tantas otras de las víctimas: un delito con una baja expectativa de pena.
La masacre de Echeverría fue un hecho previsible. Desde el año 2011 la comisaría 3ª estaba inhabilitada para alojar personas detenidas. Al momento de la masacre, tenía siete clausuras, seis por orden judicial y una por resolución Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el propio Ministerio desobedeció cada una de estas clausuras.
Esta masacre también fue producto del hacinamiento, las condiciones inhumanas de detención y la falta elementos de seguridad: la comisaría no contaba con colchones ignífugos, sistema de prevención de incendios, plan de contingencia ni matafuegos adecuados para apagar el fuego. Los dos matafuegos existentes se encontraban vencidos y tenían colchones de gomaespuma, prohibidos por ser altamente inflamables y tóxicos.
A 27 días de la masacre, estas pruebas que están en la causa evidencian la responsabilidad del Estado. En el mismo sentido, y por un pedido formulado por la CPM, la semana pasada la Auditoría de asuntos internos del Ministerio de Seguridad desafectó a los cinco policías que prestaban funciones en la comisaría la madrugada del 15 de noviembre.
Link Permanente: http://www.prensalibre.com.ar/index.php?id=14929
|
