Como consecuencia del anuncio del gobierno nacional sobre desmedidos aumentos en las tarifas del servicio energético, intendentes peronistas del Conurbano solicitaron que se realice una Audiencia Pública, en concordancia con la Ley N° 24.065, al Ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren. Entre ellos están Gabriel Katopodis, de San Martín, y Juan Zabaleta, de Hurlingham (también Martín Insaurralde, de Lomas de Zamora; y Mariano Cascallares, de Almirante Brown).
Por el impacto negativo que causarán en el bolsillo de trabajadores, y en la economía de PyMEs e industrias de todos los municipios, los anunciados aumentos en la tarifa de la energía eléctrica, cuatro intendentes solicitaron que se respete la ley que obliga a la realización de Audiencias Públicas para avalar los incrementos.
La Ley N° 24.065, Régimen de la Energía Eléctrica, establece que se realicen Audiencias Públicas cuando la autoridad correspondiente deba resolver temas relacionados con ajustes de tarifas. La metodología habilita a que los afectados tengan la posibilidad de dar a conocer su perspectiva sobre aumentos y cuestiones de su interés.
El pedido fue realizado, con carácter de urgente, por Gabriel Katopodis, de San Martín, y Juan Zabaleta, de Hurlingham (también Martín Insaurralde, de Lomas de Zamora; y Mariano Cascallares, de Almirante Brown), en representación de varios colegas bonaerenses, pues es evidente que la media afectará a los sectores más humildes.
Cabe consignar que la actividad de generación destinada total o parcialmente a abastecer de energía fue definida por los legisladores como un servicio público en cualquiera de sus modalidades, y además, también es considerada de interés general, por la propia ley aprobada por el Congreso Nacional y promulgada en 1992.
Además la misma ley en su segundo artículo dispone primero: “Proteger adecuadamente los derechos de los usuarios”; y recién en segundo lugar: “Promover la competitividad de los mercados (…)”. La ley, asimismo, obliga al Estado a regular la actividad “asegurando que las tarifas que se apliquen a los servicios sean justas y razonables (…)”.
Los intendentes advirtieron que “el gobierno nacional está preocupado por reducir el gasto y recaudar más”, pero “sin contemplar las políticas públicas que amparan a jubilados, hogares multifamiliares, trabajadores informales, titulares de programas sociales, vecinos con seguro de desempleo y de escasos recursos”.
En este contexto los intendentes anunciaron que, además de reclamar por la Audiencia Pública, “vamos a convocar a todas las asociaciones de Defensa al Consumidor de nuestros municipios para trabajar de manera conjunta y exigir que se cumpla con la normativa vigente, en un tema tan trascendente para la sociedad”.
