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Viernes 19 de Abril de 2024   











Frenos al tarifazo desde la política y la Justicia
27/5/2016 Gral. San Martín

Katopodis: “La Justicia tiene que frenar este tarifazo”

La jueza federal de San Martín, Martina Isabel Forns, a cargo del Juzgado federal N° 2, dispuso una medida cautelar que frena el aumento de la tarifa de la luz, ante un reclamo presentado por el Hospital Privado Nuestra Señora de la Merced, situado en Martín Coronado, dentro del partido de Tres de Febrero, vecino a San Martín.

De acuerdo con la información difundida por la agencia oficial de noticias Télam, la magistrada de San Martín ordenó la suspensión de la aplicación de los incrementos dispuestos por las resoluciones 6 y 7/2016 del Ministerio de Energía y Minería, y 1/2016 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

Según informó la jueza en declaraciones a la prensa, el hospital solía recibir boletas por $50.000 y de golpe les llegaron de $ 300.000. La Justicia también ordenó a Edenor que devuelva, en las próximas facturas, los incrementos que cobró al mencionado hospital privado y que no incluya nuevos aumentos por el término de tres meses.

En sus considerandos, la jueza federal Forns consideró que “no resulta razonable, prima facie, que un ciudadano o empresario se encuentre de la noche a la mañana con que sus costos -en este caso, el consumo de energía eléctrica- se han multiplicado por cinco, seis o más veces” (para el hospital fue el 600% de aumento).

Luego, informó Télam, tras afirmar que la magnitud del incremento “atenta contra todas las reglas de razonabilidad”, en su fallo la jueza cuestionó que “si lo que se pretende es volver a un supuesto equilibrio macroeconómico, no está claro por qué no se ha recurrido a un criterio de gradualidad”.

Para la jueza Forns los aumentos “resultan no sólo desproporcionados e irrazonables -excesivamente onerosos- con todas las demás variables económicas a tener en cuenta, especialmente, la inflación, los salarios de la población y demás costos actuales”, sino que los ajustes debieron ser consultados y expuestos en una audiencia pública.

Frenar el tarifazo

Al darse a conocer la decisión de la Justicia de San Martín, el intendente, Gabriel Katopodis, consideró: “Este fallo viene a reparar un abuso del gobierno nacional en materia de tarifas de servicios públicos”, y evaluó que la decisión que permitió los desmedidos incrementos en la energía “fue una medida arbitraria e irracional”.

Katopodis pidió la intervención de la Justicia en casos similares: “Tenemos clubes que pueden cerrar e instituciones sociales y de salud que no pueden cumplir con sus responsabilidades. Por esto, la Justicia tiene que frenar este tarifazo” exhortó y cuestionó: “el gobierno nacional fija mal las prioridades, sólo piensa en números y no en la gente”.

Tarifa social

En el Club Las Heras, de Villa Ballester, el Intendente Katopodis cuestionó el tarifazo aplicado por la gestión Macri. “Si el Gobierno Nacional cree que va a construir un país más inclusivo cerrando clubes de barrio o sociedades de fomento, equivoca el camino” afirmó en una reunión con 80 clubes de barrio y sociedades de fomento locales.

Katopodis se reunió con los representantes para dialogar sobre el desmedido incremento de los servicios y el alcance de la tarifa social. Durante el encuentro el intendente señaló: “Muchos tuvieron que suspender sus prácticas y actividades, y necesitan que se reglamenten de manera urgente las leyes que los protejan”.

A través de la subsecretaría de Deporte, la subsecretaría de Política Territorial y la dirección de Defensa al Consumidor, el Municipio asistirá a las instituciones por los aumentos y realizará un registro de cada caso. Asimismo, la semana que viene se realizará una presentación administrativa, para garantizar una tarifa diferenciada.

Por otro lado, desde la Comisión de Bienestar Social y Entidades Intermedias del Concejo Deliberante, se aprobó la adhesión a las leyes N° 27.098-Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo y N° 27.218-Régimen Tarifario Específico para Entidades de Bien Público, y se reclamó su reglamentación.

Tarifa social compensatoria

En el marco del congreso “La Unión Nacional de Clubes de barrio”, en el hotel Bauen (CABA), con más de 300 representes de entidades, el concejal por San Martín, Hernán Letcher, anunció que presentará dos proyectos de ordenanza en relación a la tarifa social “como única forma real de lidiar con los aumentos y poder mantener sus puertas abiertas”. Junto a pares que forman parte del espacio “Concejales para la Victoria”, Letcher informó que presentará un proyecto de ordenanza para cumplir con la ley que exige la tarifa social para los clubes, pero además, presentará otro proyecto que dispone que el municipio se haga cargo, a través de una tarifa compensatoria, del diferencial de servicios hasta tanto se implemente la tarifa social. Para Letcher (el secretario de Deportes de la Nación) “McAllister quiere engañar a los clubes considerando que le corresponde la tarifa social solo a 600 de los 20 mil en todo el país, exigiéndole cuestiones administrativas que los clubes no puede cumplir, hemos propuesto que dichas ordenanzas tengan en consideración la situación administrativa y dominial de los clubes más humildes y también para que en el orden local se contenga la realidad de cada club en particular”.

Opinión
“Aranguren ¿debería ser despedido?


“Finalmente la Justicia calificó de manera contundente el desaguisado que el actual ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, causó en el área que le asignaron para gestionar. Irracionalidad. Desproporción. No dejó dudas la Justicia.

“Pero además, desde el punto de vista político, la decisión de Aranguren de aumentar el precio de la energía eléctrica, y otros servicios públicos bajo su área, ha significado un descontento descomunal contra el flamante presidente, Mauricio Macri, que lo nombró.

“No hay sector que se haya beneficiado con los aumentos. Particulares, clubes, clínicas, empresas, hospitales públicos, las propias concesionarias (Edenor, Edesur, otras) quedan en evidencia por los descomunales incrementos fuera de toda lógica.

“Y además, la Justicia ordenó que las costas del obvio accionar del Hospital queden a cargo del Ministerio, es decir que se deben usar dineros públicos –que tanto cuesta conseguir- para cubrir el desaguisado de Aranguren ¿O él lo pagará de su propio peculio?

“Y ni hablar de lo mal parada que dejó a la empresa de donde fuera gerente ejecutivo (Ceo en la jerga actual de los negocios), la internacional Shell, al teñirla de sospechas por los contratos en materia de gas, que le adjudicó el ministerio a su cargo.

“Todos los argentinos con nuestros impuestos costeamos el sueldo de alguien que a las claras no tiene ningún mérito –está a la vista- para gerenciar un área vital para el país ¿Qué patrón hubiera dejado en su puesto a un empleado tan ostentosamente ineficaz?”

Gustavo Camps
Periodista


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