Como informara Prensa Libre en ediciones anteriores, el tarifazo eléctrico impulsado por el gobierno nacional no pasó inadvertido en la región. En la audiencia pública del viernes último en un teatro capitalino, expusieron el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, y la Defensora del Pueblo de Vicente López, María Celeste Vouilloud, titular de la única defensoría en la región.
Vouilloud abogó porque se apliquen tarifas razonables que tengan en cuenta los ingresos promedio de la ciudadanía, y una tarifa social con requisitos flexibles al abanico de situaciones de vulnerabilidad social y de cualquier otra índole existentes en la comunidad.
Katopodis advirtió sobre las consecuencias del tarifazo sobre PyMEs, comercios y clubes de barrio y también reclamó una tarifa social inclusiva, para evitar mayor pobreza y vulnerabilidad de la que ya pesa sobre la sociedad.
“(…) Lamento que esta Audiencia Pública no se haya llevado adelante cuando se decidió por parte del Ejecutivo Nacional la modificación del Cuadro Tarifario (…). Claramente la ciudadanía se hubiese evitado vivir momentos de incertidumbre” expresó la Defensora.
Vouilloud reclamó que el incremento tarifario “se vea reflejado en el compromiso por parte de la empresa Edenor a llevar adelante las inversiones necesarias con el fin de brindar un servicio de calidad ajustándose al Contrato de Concesión” y se eviten cortes de servicio.
La Defensora advirtió que el servicio debe interpretarse como un derecho humano y no un mero negocio: “Reitero lo que manifestara en la Audiencia Pública del gas: Para que las cuentas del Estado cierren primero tienen que cerrar las cuentas sociales” sostuvo.
Katopodis, orador N° 46, propuso “una tarifa PyME que tenga en cuenta la realidad del sector, que sea justa y accesible” y “una tarifa social inclusiva” (…) y advirtió que el tarifazo: “(…) es más pobreza y más vulnerabilidad”.
El intendente recordó que: “El 1 de febrero, hace 270 días, le dijimos al ministro Aranguren que este nuevo cuadro tarifario era abusivo e irracional; hoy venimos a exigir la justificación de este tarifazo”.
“La gente no votó esta agenda del tarifazo y del ajuste, el aumento del 500% o 600% no es el camino. Es inadmisible que los usuarios terminen financiando las inversiones que deberían encarar las compañías distribuidoras para mejorar el servicio” advirtió.
En julio, la Justicia Federal de San Martín dispuso una cautelar para frenar el aumento de la electricidad en beneficio de los usuarios del distrito, tras una presentación de la Intendencia, que además acompañó la presentación judicial de amparos de clubes de barrio, PyMEs y cámaras empresarias locales contra el tarifazo.
