La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) expresó su “enérgico repudio” a “la represión contra la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia Cushamen, ubicada a 100 kilómetros de Esquel, Chubut, que reclama la tenencia de tierras ancestrales”. En un comunicado, difundido en la región por la Defensoría del Pueblo de Vicente López, se denunció: “Lo que ocurre por estas horas en Cushamen es la militarización del lugar y una sangrienta represión”.
“Es inadmisible que se elija el camino de la violencia, estigmatizando a una comunidad, avasallando sus derechos consagrados” sostuvo la Asociación de Defensores del Pueblo ADPRA, en un comunicado al que adhirió, en la región, la Defensoría del Pueblo de Vicente López, cuya titular es la defensora, María Celeste Vouilloud.
La entidad defensora de derechos consideró urgente “urgente promover un espacio de encuentro multicultural que respete los nuevos escenarios jurídicos donde se puedan expresar las diferencias culturales en un marco de respeto de los derechos humanos y de los derechos que asisten a estos colectivos históricamente oprimidos”.
En el claro comunicado las defensorías de todo el país denunciaron que la represión “incluyó a hombres, mujeres y niñas y niños, heridos por golpes, balas de goma y de plomo, acusados de modo tan erróneo como perverso de ser ´terroristas´” por parte de la Gendarmería, y que la policía provincial perpetró allanamientos “sin orden judicial”.
Para las defensorías “el operativo” debe ser calificado como un acto de “violencia institucional” por lo desmesurado y por haber sido efectuado con prácticas contrarias a la Ley y al derecho; asimismo, advirtió sobre “la gravedad de la situación y la amenaza que se cierne sobre un sinnúmero de comunidades de pueblos originarias”.
El comunicado enumera una larga serie de leyes nacionales y pronunciamientos internacionales, como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que “reconocen la preexistencia de los pueblos indígenas” y reconocen “sus derechos a la propiedad comunitaria” de sus tierras.
Hoy martes a la mañana, en su primera conferencia de prensa tras sus vacaciones, el actual presidente de la Nación, Maurico Macri, no se pronunció sobre el delicado tema, pese a que suele ir de vacaciones a la zona, a tierras de Joe Lewis, con el que mantiene relaciones personales y se apropió de un lago público (Lago Escondido).
La Defensoría del Pueblo de Nación, por su parte, a través de su Oficina de Derechos de Pueblos Indígenas, dejó trascender que se ofreció como facilitadora, garante u observadora en el conflicto planteado en Chubut por la apropiación de tierras ancestrales, “desde hace años”, sin que los gobiernos atendieran el ofrecimiento.
