El Intendente de San Isidro, Gustavo Posse, junto a otros funcionarios de su gabinete, está imputado en una causa por presunta defraudación en la construcción de viviendas sociales con fondos de la Nación. Por ello, el fiscal federal Jorge Di Lello pidió que se lo cite a declarar, mientras el intendente denunció que esa solicitud tiene un “propósito político”, del cual hizo responsable a los seguidores de Sergio Massa.
El tema surge de la falta de construcción de las 250 viviendas que debían concretarse en el barrio Martín y Omar, situado en el bajo sanisidrense. El fiscal señala que los fondos del Plan Federal de Viviendas debían ser aplicados a los pagos de la obra, que supuestamente habrían sido terminadas en su mayoría, pero que en una comprobación visual asegura que no se realizaron, y que el perjuicio provocado al estado nacional asciende a los 31 millones de pesos. Jorge Di Lello advirtió que Posse "estaba obligado como máxima autoridad municipal a velar porque los fondos del Plan Federal de Viviendas se aplicaran a los pagos de la obra para los que estaban destinados, en base a las rendiciones de cuenta y pedidos de entregas parciales según el avance de las obras".
Ahora, será el juez federal Sebastián Ramos quien deberá resolver el pedido de la fiscalía, que incluye, además, a los responsables de las empresas constructoras ("Soluciones Urbanas SRL", "Emaco SA" e "Inelco".), y a funcionarios provinciales.
Por su parte, la Secretaría de Obras Públicas municipal señaló que la inversión no contemplaba que los terrenos para la construcción se pueden asimilar a un bañado, por lo que requerirían una serie de trabajos previos, no previstos en el plan original, para realizar las obras. Explican los funcionarios que debió utilizarse parte de los fondos para los trabajos previos y para la construcción de viviendas provisorias para albergar a varias familias afectadas, entre otros puntos.
El municipio, por otro lado, acusó al fiscal de actuar en forma apresurada, no realizar las pericias solicitadas y que su actuación responde a motivaciones políticas, atribuidas a la suegra de Sergio Massa, Marcela Durrieu.
Como complemento, en una nota del diario La Nación, publicada este sábado, se dice que en 2015, antes del acto eleccionario, el mismo fiscal había imputado a Gustavo Posse “por defraudación a la administración pública por más de 410 millones de pesos, por la construcción de 3.246 viviendas en una decena de barrios carenciados de San Isidro”.
