La decisión del Poder Ejecutivo Nacional fue quitar las pensiones no contributivas del Ministerio de Desarrollo Social a 180.000 beneficiarios, 70.000 de los cuales son personas con discapacidad. "Además de perder los escasos $ 4.475 mensuales pierden también la ya deficitaria cobertura del “Incluir Salud”, ex PROFE, con la que tenían medicación, rehabilitación, transporte, prótesis, sillas de ruedas, que aunque funcionaba con grandes dificultades, ahora ni siquiera cuentan con esas prestaciones", agregó Durrieu.
"Siguen descargando el ajuste sobre las personas más vulnerables como los jubilados y las personas que padecen de alguna discapacidad", expresó Gonzalo Beccar Varela.
Juan Medina, compañero de bloque, también agregó: "a este gobierno no le importa que las personas con discapacidad necesiten la pensión, simplemente apretaron una tecla y dejaron afuera a 70.000 que ahora ven aún más perjudicado su acceso a la alimentación, las medicaciones y sus tratamientos médicos".
"El Estado no solamente implica la organización política de la sociedad, también conlleva la protección de las personas en mayor situación de vulnerabilidad por medio de herramientas que contribuyan a la equidad y a la igualdad real de oportunidades. Por eso repudiamos la decisión tomada por el Poder Ejecutivo Nacional", concluyó Durrieu.
