“ANTE LOS ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS EN EL DÍA DE AYER”.
“La Iglesia, en su Doctrina Social, considera al trabajo como un derecho impostergable para todos.
"Partiendo de esa certeza, consideramos que los casos de despidos y cesantías por el cierre de las fuentes de trabajo nos afectan a todos como sociedad, como así también se hace necesario valorar el trabajo como una dimensión de la realización y de la dignidad de la persona humana, siendo ésta una responsabilidad de todos los sectores de la sociedad.
"Al mismo tiempo renovamos el profundo deseo de construir juntos la paz social. Ante las crisis la tentación de la violencia aparece como el camino más eficaz. Cómo Iglesia rechazamos la violencia en cualquier circunstancia y su uso como un medio para la resolución de los conflictos.
"Invitamos a crecer en la sensibilidad social que busca que todo hermano tenga su trabajo y pueda llevar el pan a su familia.
"Los que sufren por la falta de trabajo no pueden ser considerados como un número o el resultado de una estadística; necesitamos considerar al otro como un hermano.
"Le pedimos a la Virgen de Luján que acompañe con su amor de Madre al pueblo argentino y de un modo particular a los hermanos que han sido despedidos de su trabajo y a sus familias. Rezamos para que su situación se resuelva lo más pronto posible".
Obispado de San Isidro Oficina de Comunicación Pbro. Máximo Jurcinovic Vocero
Conferencia de prensa
Los trabajadores anunciaron una jornada nacional de lucha para el martes próximo e informaron que la Sala 6 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió declarar la ilegalidad de los despidos por parte de la empresa y la obligación de que los trabajadores retomen sus tareas y el cobro de sus salarios. Camilo Mones, delegado, dijo:“esto demuestra que teníamos razón cuando decíamos que la empresa estaba en la ilegalidad y que la represión de ayer también lo era. Esa violencia contra los trabajadores se podría haber evitado. Eso se lo habíamos dicho a la jueza y al fiscal, que era un problema de orden laboral, que la empresa hacía lock out y que estaba en la ilegalidad, pero ellos no nos escucharon, no nos dejaron ser parte del expediente ni verlo ni hacer presentaciones, ni siquiera nos aceptaron una entrevista y nos mandaron cientos de policías y gendarmes. Se ve ahora más claramente que fueron los Gobiernos de Macri y Vidal los que dispusieron que la represión se efectivice. Incluso hoy los diarios informan que Macri en persona pidió que nos repriman”.
Por su parte, Catalina Balaguer, trabajadora de la empresa, señaló: “vamos a pelear por nuestros puestos hoy más que nunca. Recibimos la solidaridad más amplia y el repudio a la represión fue también enorme..."
El abogado de los obreros, Edgardo Moyano<, explicó además que “la orden del fiscal fue totalmente irregular. Pidió un desalojo porque según él la empresa contamina. Es insólito, en vez de procesar a los que supuestamente contaminan, reprimió a los trabajadores para devolverles la fábrica a los empresarios que según él contaminan. Todo esto fue expuesto frente a la jueza y el fiscal. Ellos eran conscientes de todo, también sobre el lock out ilegal de la empresa, pero optaron por reprimir a los trabajadores, que eran los únicos que peleaban contra estas ilegalidades. Es un despropósito que amerita un juicio político a él y a la jueza Mentasty, que ya se está tramitando en la Legislatura provincial”.
Además: “cerraron la fábrica, enviaron telegramas de preaviso de despido y en esas condiciones los llamaban a sus casas, hablaban con sus familiares y los citaban para ver si querían hacer 'acuerdos voluntarios'. Eso es un delito de lock out y extorsión, nadie puede creer en la voluntariedad de semejantes acuerdos”.
