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En el Concejo Deliberante de Tigre, junto al Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación y el gobierno local avanza un proyecto de ordenanza de derecho a la identidad y la creación de una oficina de atención vecinal que trate la temática.
Representantes del Municipio de Tigre mantuvieron un encuentro con la Comisión de Derechos Humanos del Concejo Deliberante y el equipo del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación, en el cual se evaluó un proyecto de ordenanza de derecho a la identidad y la creación de una oficina de atención a los vecinos que buscan su conocer identidad.
La directora del observatorio, la ex diputada y senadora nacional, , se mostró satisfecha con la reunión y afirmó: “El tratamiento de estas iniciativas demuestra el compromiso que ha asumido el Municipio de Tigre. La implementación de esta clase de políticas ayudará a incentivar a que otros distritos también traten esta problemática y que podamos crecer como sociedad”.
El proyecto analizado contempla la creación del Programa Municipal por el Derecho a la Identidad Biológica y de Origen, cuyo objeto es asistir en la investigación y búsqueda a toda persona que presuma que su identidad ha sido alterada o suprimida. Sus funciones incluyen la intervención en todos los casos en los que se sospeche alteración o supresión de identidad; diseño y ejecución de políticas públicas tendientes a concientizar a la ciudadanía; y relevamiento de base de datos, archivos, y registros vinculados a la identidad de personas existentes, entre otras.
Verónica Camaño, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Concejo Deliberante, comentó algunos casos relevantes sobre la búsqueda de identidad a nivel local y aseguró: “los derechos humanos no deben tener bandera política. Debe ser una reivindicación de toda sociedad”.
El Observatorio de Derechos Humanos fue creado con el objeto de contribuir al desarrollo de una legislación que garantice el pleno reconocimiento y la efectiva protección de los derechos humanos en Argentina, en consonancia con la Constitución Nacional y los tratados internacionales a los que el Estado adhirió. Con ese propósito, promueve y articula espacios de diálogo y cooperación entre el Poder Legislativo Nacional, organismos públicos, instituciones académicas y técnicas, y organizaciones de la sociedad civil, en aras de fortalecer el respeto y el ejercicio de los derechos humanos.
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