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Lunes 15 de Octubre de 2018   









Paraguas político al gatillo policial
5/2/2018 Nacional - Derechos humanos

 
El Presidente Mauricio Macri, junto a la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y su par bonaerense, Cristian Ritondo, recibieron al agente de la Policía Local, Luis Chocobar, procesado y embargado por un juez que lo investiga por el presunto delito de exceso en la legítima defensa, es decir, por homicidio doloso.
Por Esteban Rodríguez Alzueta*.

El Presidente Mauricio Macri, junto a la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich y su par bonaerense, Cristian Ritondo, recibieron al agente de la Policía Local, Luis Chocobar, procesado y embargado con 400 mil pesos, por el juez de menores, Enrique Velázquez, quien lo investiga por el presunto delito de exceso en la legítima defensa, es decir, por homicidio doloso. Chocobar es el policía bonaerense que en el Barrio de la Boca de la Ciudad de Buenos Aires, el 8 de diciembre del año pasado, vestido de civil, cuando se dirigía a su trabajo, disparó a un individuo mientras huía después de asaltar a un turista norteamericano de 60 años. El disparo fatal al joven de 18 años, Pablo Kukoc, le alcanzó el cólon, el hígado y el intestino delgado. El peritaje determinó que ese balazo fue por la espalda, y eso fue lo que determinó la suerte judicial del policía.

Chocobar llegó en auto oficial, vestido con su uniforme, y acompañado por un oficial superior de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Es decir no era Chocobar el que estaba visitando al Presidente sino toda la Institución.
La reunión fue corta pero muy gráfica. Primero el presidente felicitó al policía: “Estoy orgulloso de que haya un policía como vos al servicio de los ciudadanos. Hiciste lo que hay que hacer, que es defendernos de un delincuente”. Y luego se solidarizó con él: “Quedate tranquilo porque hiciste lo que hay que hacer y te vamos a ayudar a resolver tu situación”. Para lo cual Bullrich agregó: “Ayudaremos a Chocobar con la defensa legal”. “Desde el principio de nuestra gestión lo hemos dicho, vamos a cuidar a los que nos cuidan”. “El agente Chocobar actuó en cumplimiento deber policial, frente a una situación en la que había una persona agredida con múltiples heridas, a los gritos, dio la voz de alto, persiguió al delincuente hasta hacer cesar el delito con el objetivo de que esa persona no agreda y mate a otro”.

Conviene no subestimar estas declaraciones. El estilo desacartonado del Presidente, su fraseo minimalista y simpático, casi infantil, y su entrenado espontaneísmo, no debe llevar a confundirnos. Tanto Macri como Bullrich saben perfectamente lo que dicen y la forma que eligen no es inocente. Las palabras tienen peso propio, más allá de la liviandad del estilo. Por un lado, son declaraciones a la altura de las expectativas de la vecinocracia que hace rato viene pidiendo mano dura a través de las prácticas de linchamiento, justicia por mano propia, escraches de distinto tipo y tomas de comisarías. Por el otro, es la oportunidad para seguir desplazando el centro de atención, transformando la cuestión social en un problema policial.

Pero no hay que apresurarse a leer en las declaraciones, un mero acto demagogia y de oportunismo político. Son además, la expresión de la íntima convicción de la actual gestión. En efecto, para el gobierno uno de los principales flagelos, junto con el narcotráfico villero y el terrorismo mapuche, es el delito callejero. Todos estos protagonistas han sido considerados enemigos públicos, actores que hablan un idioma ininteligible y, por tanto, al no poder dialogarse con ellos (puesto que tienen otros códigos y otros estilos de vida), lo único que cabe hacer es la guerra de policía.
En el caso del combate al delito (callejero) intervienen policías y vecinos con la misma puntería. Una alianza que se fue forjando desde hace mucho tiempo y que tiene múltiples factores que no hay espacio para desarrollar acá.

No es la primera vez que los funcionarios de Cambiemos salen a “bancar” la violencia letal protagonizada por policías o vecinos. Sin ir más lejos, recordemos las declaraciones de los funcionarios amparando la justicia por mano propia, cuando salieron a apoyar al carnicero y al médico por haber matado a diferentes ladrones. Para el gobierno, detrás de la violencia letal protagonizada por los vecinos o policías está el derecho a matar al ladrón.

Como escribió alguna vez John Locke: “Quien intenta poner a otro hombre bajo su poder absoluto se pone a sí mismo en una situación de guerra con él; pues esa intención ha de interpretarse como una declaración o señal del que quiere atentar contra su vida. (…) Eso hace que sea legal el que un hombre mate a un ladrón que no le ha hecho el menor daño ni ha declarado su intención de atentar contra su vida, y se ha limitado, haciendo uso de la fuerza, a tenerlo en su poder arrebatando a ese hombre su dinero o cualquier otra cosa que se le antoje. Pues cuando alguien hace uso de la fuerza para tenerme bajo su poder, ese alguien, diga lo que diga, no logrará convencerme de que una vez que me ha quitado la libertad, no me quitará también todo lo demás cuando me tenga en su poder. Y, por consiguiente, es legal que yo lo trate como a persona que ha declarado hallarse en un estado de guerra contra mí; es decir, que me está permitido matarlo si puedo, pues ése es el riesgo al que se expone con justicia quien introduce un estado de guerra y es en ella el agresor.”

Para Locke, el derecho a matar al ladrón es un derecho natural que, según Macri, habría que transformar en derecho positivo. Cuando la vida de los individuos (sean los vecinos, los turistas o policías) corren peligro en manos de un ladrón (el famoso pibe chorro), hay que liberar a la violencia de cualquier formalidad. Se trata de una excepción hecha a la medida de aquellos ciudadanos-soldados (los vecinos alertas) que decidieron armarse para defender la propiedad privada. ¿Qué es la legítima defensa sino el derecho de los vecinos a matar al ladrón? El arma viene con un mandato: matar al ladrón.
En el caso de los policías también se buscará exceptuarlos a que tengan que rendir cuentas frente a los tribunales. La “guerra al delito” pone al estado de derecho entre paréntesis. No hay protocolos y tampoco justicia ordinaria para aquellos que maten al ladrón cuando la propia vida o la de las personas que están defendiendo corren peligros. A los delincuentes hay que matarlos en el terreno donde cometen sus fechorías. El gatillo policial es una justicia a la altura de las demandas de la vecinocracia: una justicia veloz, sumarísima, difamatoria, contraria a las puertas giratorias, sin garantías ni derechos humanos para los victimarios. Una justicia brutal, con un plus de crueldad, que será festejada tanto por la gente como uno, como por los sectores sociales que se sobreidentifican con aquellos.

Las declaraciones de Macri constituyen otra señal que hay que leerlas al lado de otras tantas señales que seguramente el lector tendrá en mente en estos momentos. Señales que llegan en un contexto de incipiente conflictividad social. Las declaraciones son un mensaje que aviva y ampara a la tropa, pero también una manera de reclutar las adhesiones para profundizar las reformas económicas, mientras se van probando los rudimentos de legitimación para abrir fuego contra los actores que más sufrirán las políticas de ajuste y desinversión.
Se entienden entonces las palabras de Chocobar en la explanada de la Casa Rosada apenas salió de la reunión: “Quiero agradecer la atención del Presidente conmigo. Estuvo escuchando mis palabras. Sabe que actué como todo policía tenía que actuar. La verdad que muy feliz de haberme recibido él personalmente. Muy agradecido, muy agradecido”.

* Docente e investigador de la UNQ. Integrante del CIAJ. Autor de Temor y control y La máquina de la inseguridad.


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