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Para Lozano, “en el presente material analizamos la nueva estafa que se consuma sobre los usuarios del servicio de Gas a partir de la Resolución de la Secretaría de Energía del 5 de Octubre del 2018. A partir de ella los usuarios pagaremos ($ 10.000 millones en 24 cuotas) los platos rotos de una disputa interempresarial que se origina en la injusta e irracional regla de juego de la dolarización de precios y tarifas. Petroleras y distribuidoras resuelven sus discusiones en base a la solidaria intervención gubernamental que transforma sus diferencias en un nuevo cargo sobre los usuarios. Más allá de la ilegitimidad de todo este proceso, debe advertirse que esta decisión se basa en la legislación desreguladora heredada de los noventa, que jamás fue modificada y que hoy puede ser utilizada en favor de la "seguridad jurídica" de los contratos de las empresas prestadoras de los servicios públicos, mientras que la "seguridad de los usuarios", ha sido brutalmente violada a través de los continuos tarifazos que han encarecido e imposibilitado el acceso a un bien fundamental para el desarrollo de una vida digna a una parte importante de la población. Es inadmisible que se recurra a los contratos de la década de los noventa, cuando el esquema de convertibilidad caducó y los saltos cambiarios están a la orden del día. Y por otra parte, la fijación de las tarifas de los servicios al precio de una moneda que no se emite legalmente en la Argentina, resulta ilegal e ilegítima. Mas allá de lo que afirman los sectores oficialistas y el sector empresarial beneficiario de estas decisiones, lo que está en debate es justamente el tema de la dolarización tarifaria. Lo que debe ponerse en debate justamente es la discusión de los costos de explotación reales y en pesos del sistema energético nacional, lo cual implica cambiar drásticamente las prioridades y los objetivos de la política energética.”
CLAUDIO LOZANO
Presidente Unidad Popular
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