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El conflicto de Colombia en Batalla Cultural
Dos jóvenes voluntarios por la paz en Colombia, un argentino y un colombiano, analizaron el conflicto armado y el proceso de paz en el país sudamericano, durante una charla organizada por la Casa de la Amistad Argentino-Cubana Zona Norte, en el Centro Cultural Batalla Cultural, de Olivos, que se transmitió por video conferencia a Ecuador.
“Colombia nunca tuvo una dictadura, pero sus gobiernos ‘democráticos’ mataron más gente que las dictaduras latinoamericanas juntas” graficó el analista político ecuatoriano, Amauri Chamorro, al ponderar el proceso de paz en Colombia durante una charla sobre el tema, en el Centro Cultural Batalla Cultural, de Olivos.
Organizado por la Casa de la Amistad Argentino-Cubana Zona Norte, el encuentro –donde Chamorro habló por videoconferencia- contó con la presencia de dos activistas por la paz, el militante colombiano Andrés Ruiz Payán, de la Unión Patriótica; y José Lagarreta, de la FJC argentina, que proyectó un video sobre su experiencia.
Payán (28) realizó un pormenorizado informe. La Unión Patriótica es un movimiento político amplio, de izquierda, que busca el fin de la lucha armada y la paz, y que en virtud de su militancia ha sido combatido –con gran cantidad de militantes asesinados, más de 5.000- por narcotraficantes y fuerzas paramilitares.
El joven militante calificó como “histórico” el acuerdo de paz que se construye en La Habana, Cuba, entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); y consideró que aunque hay optimismo el pueblo de su país se mantiene expectante, pues la violencia es un dato de la realidad cotidiana.
Las conversaciones deben concluir con la firma de un acuerdo y tienen tiempo hasta el 23 de marzo de 2016 para lograrlo, indicó Payán y consideró que para arribar a la paz “se requiere el acompañamiento nacional e internacional” pues “la paz no es solo el silenciamiento de los fusiles sino la transformación de la política colombiana”.
En esta línea, informó que el acuerdo lleva tres años e implica tres pasos importantes: la reforma rural integral y el reconocimiento del campesinado como sujeto político –el más importante, para Payán-; la apertura democrática, no solo para la insurgencia, sino a toda fuerza política opositora democrática; y la solución al problema de las drogas ilícitas.
Para el referente colombiano, el tema del narcotráfico “es un flagelo muy importante en nuestro país, y quizá la excusa por la cual, durante muchos años, los EE.UU. ha intervenido directamente en nuestro país y desde allí ha desplegado toda su fuerza al resto de los países de la región”.
Otro tema importante del acuerdo que se discute, para Payán, es el reconocimiento hacia las víctimas, una vez más, no solo de parte de la insurgencia sino del Estado y los grupos paramilitares ilegales y estatales, “un complejo de múltiples actores que ha generado y perpetuado la violencia en nuestro país” afirmó Payán.
Payán explicó que el rol de la Justicia para institucionalizar el lugar de la insurgencia en la democracia colombiana es imprescindible, pues “la insurgencia tiene un arraigo popular muy fuerte” y su presencia en La Habana –tras 60 años de actividad- no implica una rendición, como plantean medios hegemónicos nacionales e internacionales.
Los dos modelos de reparación de justicia que se discuten en La Habana, explicó el referente, son la justicia punitiva, que los gobiernos tradicionalmente priorizaron, lo mismo que el actual; y la “restaurativa, retributiva y reparativa, que parte de que la paz debe ser el principio general, no el silencio ni el castigo por venganza”.
Para el militante por la paz, habida cuenta de que en otras oportunidades hubo acuerdos parciales que no se cumplieron; es menester detenerse en el tipo de institucionalidad que tendrá el acuerdo de La Habana, para que deba cumplirse irremediablemente y no pueda ser eludido (por el gobierno). Payan informó que se barajan cuatro propuestas.
El gobierno propone que una comisión legislativa incorpore el acuerdo –la menos viable, por desconfianza-; otra es reformar la Constitución y que una comisión de legisladores, insurgentes y sociedad civil lo incorpore; la insurgencia propone que algún organismo internacional (ONU, otros) garantice la incorporación –ésta el gobierno no la acepta .
La cuarta -“que apoyan muchos sectores sociales” señaló Payán- es la creación de una asamblea constituyente “donde no solo se refrenden los acuerdos sino que se haga una reforma estructural” que incorpore otros aspectos, que “no se tuvieron en cuenta en la reforma de 1991, pleno auge del neoliberalismo, que mercantilizó todos los derechos”.
Para el militante por la paz es importante que “haya un cese al fuego definitivo, Es el clamor más grande que el pueblo colombiano tiene, y la comunidad internacional también, porque lo efectos colaterales de la guerra los padecemos todos, no solo en Colombia, sino en todo el continente. Este es el panorama”.
Gustavo Camps
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